El CIS es un organismo público, y como tal ha de dar cumplimiento a los principios constitucionales de objetividad, eficacia, y servicio al interés general, y estar sujeto tanto a la Constitución como al resto del ordenamiento jurídico. De esta forma, dado su carácter público, debe inspirarse en una política de integridad institucional y gobierno ético materializado en la codificación de buenas prácticas.
Es por ello que, en 2021 el CIS aprobó un «Código de buenas prácticas del Centro de Investigaciones Sociológicas» pretendiendo dar a conocer cuáles son tanto los principios de actuación y conducta de todo el personal del CIS en su condición de empleados públicos, como orientar hacia el buen gobierno el ejercicio de todas sus funciones y procedimientos de gestión, así como ejercer su actividad científica de acuerdo con el «ethos científico».
Código ético de 2021
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